lunes, 30 de julio de 2012

Voto castigo

Milton Luna Tamayo Sábado 28/07/2012
‘Angustia y frustración por un cupo en U titula EL COMERCIO del 11 de julio de 2012 a una crónica sobre el drama que están viviendo los 45 272 bachilleres que no obtuvieron cupos para ingresar a las universidades. Ciertamente es un verdadero calvario: preparar y rendir la prueba, sacar o no la nota requerida, otro curso de nivelación, otra prueba, obtener un cupo para una carrera no deseada o para estudiar en otra ciudad.
Los testimonios son de dolor: Me siento defraudado, la medicina siempre fue mi pasión, dice Fryan Miranda; No estoy dispuesta a estudiar una carrera que no me gusta, manifiesta Michel Chuga; El sistema tiene fallas, la asignación es ilógica y estoy desesperada, comparte Mishell Arias; He rendido tres veces el examen, tengo 869/1000 y no me dan un cupo, cuenta José Miguel Zúñiga; Quiero estudiar medicina, pero solo me ofrecen enfermería, añade Carolina.
Tras estas historias hay frustración, desesperación, bronca. Son miles de jóvenes y sus familias que sienten que su país le cierra la puerta en la cara. Para muchos de ellos el Estado está marcando su futuro: incierto o de fracaso.
No se duda de las buenas intenciones de la Senescyt y de los ejecutivos del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) al intentar poner algo de orden a la caótica manera en que se veía estableciendo el ingreso a las universidades . Sin embargo, a estas alturas muchos se preguntan si el remedio es peor que la enfermedad.
Lo cierto es que este tipo de medidas tienen que ser bien meditadas. Considerar el enfoque, la complejidad, el ámbito sistémico de su aplicación, la oportunidad y el enorme impacto humano que acompañan.
La evaluación estandarizada para la admisión castiga a los estudiantes que vienen de los colegios de menor calidad educativa: de clase media y pobres, indios, afros, mestizos y montubios. Con esto el sistema educativo consolida la polarización y la exclusión social. Si antes para un estudiante pobre era difícil ingresar a la universidad, ahora es imposible.
Este proceso de admisión desdice lo señalado en la Constitución: el derecho a la educación. Pero lo más grave, indirectamente promueve la privatización: si la educación pública no tiene la suficiente oferta, la privada abrirá opciones. Además, impulsará la deserción educativa: estudiantes obligados a tomar carreras que no les gusta, las abandonarán algún momento.
Si bien no todo mundo tiene que ir a la universidad, sin embargo, señores de Alianza País (AP): ¿Dónde están los programas de capacitación y el empleo para los excluidos de la U? Por responsabilidad, si se cierra una puerta hay que abrir otra.
Esperemos que la angustia de estos bachilleres no derive en depresión, alcoholismo, drogadicción o suicidio. Lo cierto es que en las próximas elecciones se expresará como voto castigo contra AP.
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